Denuncian una repoblación forestal efectuada sobre escombreras en un Monte de Utilidad Pública de Valdemoro
Madrid,18 de diciembre de 2012
Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Espartal-Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo denuncian la ejecución de trabajos de repoblación forestal sobre escombreras cuyo volumen creciente había sido, además, advertido a las autoridades por los ecologistas. Los protectores metálicos de las nuevas plantas representan, por añadidura, un riesgo para la integridad física de los numerosos usuarios de la inmediata vía pecuaria. A esta lamentable actuación en un Monte de Utilidad Pública se suma la grave destrucción del sustrato rocoso de otros cerros de gran interés ambiental también repoblados en esta localidad madrileña. Los trabajos habrían sido realizados por la empresa “El Cornijal de la Mancha” con el consentimiento de la Comunidad de Madrid.
Estas actuaciones se han realizado en el “Monte de Utilidad Pública” (MUP) nº 178 denominado “Cerro de la Mira y Otros”, en un paraje conocido localmente como el pinar de Valderremata y fueron denunciadas la semana pasada ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro, propietario del monte.
La plantación de pinos, coscojas o aladiernos en parcelas de terreno atestadas de escombros, plásticos y otras basuras merecen, a juicio de los ecologistas, algo más que una simple explicación ya que ponen en cuestión no sólo la idoneidad del emplazamiento sino la profesionalidad misma del cuerpo técnico responsable de la autorización de estas labores. Para incrementar las irregularidades de esta actuación, indican en su denuncia que los protectores están sujetos por varillas de hierro sin tapón superior, circunstancia que representa un indudable factor de riesgo para la seguridad física de los usuarios de la Cañada de los Cerros de Castillejo.
En otro de los sectores elegidos, los daños producidos en la roca madre por la maquinaria empleada son prácticamente irreparables. Además uno de los cerros más afectados, dominado hasta ahora por un excelente tomillar, contaba con una población de retamas que ha visto frustrada su gradual recuperación en la zona por las desproporcionadas rozas del terreno que, para sorpresa de los denunciantes, han alojado nuevos plantones de esta misma especie.
De acuerdo con los anuncios informativos a pie de obra, estas actuaciones habrían sido adjudicadas a la empresa El Cornijal de La Mancha S.L. y se habrían financiado con la ayuda económica del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. El FEADER es un instrumento de financiación de la política de desarrollo rural. Su objetivo es promover un desarrollo rural sostenible en la Comunidad Europea optimizando la gestión del espacio rural y mejorando el medio ambiente y la calidad de vida en estas áreas. En consecuencia los grupos ecologistas juzgan que la inaceptable ejecución de estas repoblaciones forestales en Valdemoro contraviene la filosofía que ampara y justifica estas subvenciones públicas y, según informan, en breve esperan trasladar al mencionado organismo europeo el posible empleo indebido de sus fondos de ayuda.
Paralelamente, las organizaciones denunciantes consideran que estas actuaciones podrían haber vulnerado la Ley 16/1995, Forestal y de protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid que reconoce a los Montes de Utilidad Pública (MUP) por satisfacer necesidades de interés general, al desempeñar funciones de carácter protector, social o ambiental.
La administración de estos espacios está sujeta a un régimen especial en el que sólo excepcionalmente pueden autorizarse servidumbres, ocupaciones temporales y otros derechos a favor de terceros en los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, siempre que se justifique su compatibilidad con las funciones de utilidad pública del monte concreto y, por un tiempo definido. De acuerdo con el artículo 22 de la citada ley corresponde a la Comunidad de Madrid la administración y gestión directa del pinar valdemoreño.
En su escrito a los responsables regionales y municipales los ecologistas han reclamado la memoria técnica y las condiciones exigidas para la ejecución de estas actuaciones así como la autoridad administrativa que las ha permitido.
