Colectivos Ecologistas reclaman mayor control y transparencia en la gestión de la caza

Comienza la temporada de caza en la Comunidad de Madrid, una actividad ejercida en el 73% del territorio regional por tan sólo el 0,47% de la población

Madrid,7 de octubre de 2013 

El martes 8 de octubre se da comienzo a la nueva temporada de caza en la Comunidad de Madrid. Esta actividad, una vez más, se realiza dando prevalencia a los intereses de los colectivos de cazadores frente a las necesidades de conservación. Los colectivos ecologistas: ARBA, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo, una año más, reclaman una mayor regulación y control de la caza, acordes con los tiempos actuales y que reconozcan los derechos de los no cazadores. La caza, actividad basada en matar animales por diversión, no solo no respeta los derechos de los animales, sino que además supone un riesgo para el ejercicio de otras actividades en la naturaleza.

El próximo jueves 10 será el primer día hábil de la temporada de caza 2013-2014[1] y continúa sin mejorar nada con respecto a las pasadas. Ni transparencia ni datos científicos que justifiquen la gestión realizada por la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por Borja Sarasola. En la Comunidad de Madrid es posible cazar prácticamente durante todos los días del año sin que exista transparencia en la gestión ni estudios científicos que justifiquen las decisiones tomadas por la Administración Regional en la orden de vedas. 

Según datos ofrecidos por la Consjería de Medio Ambiente, la pasada temporada de caza 2012-2013 contó con 32.850 cazadores - tan sólo el 0,47% de la población de la región-, los cuales abatieron 3.457 jabalíes, 1.783 ciervos, 877 gamos, 191 corzos, 482.238 conejos, 33.825 liebres, 222.986 perdices, 4.332 zorros, etc. En total 1.026.923 animales, lo que supone una media de 31,26  animales por cazador. A pesar de este elevado número de ejemplares muertos, no existen estudios sobre las poblaciones cinegéticas que acrediten que su eliminación es compatible con su supervivencia y conservación a nivel regional. Casos dramáticos son los de la codorniz y la tórtola común cuyas poblaciones están en regresión tanto a escala nacional como regional. 

En el caso de la codorniz, el programa Seguimiento de Aves Comunes en España (SACRE)[2], obtiene para el periodo (1998-2012) un declive de un 53,32% a nivel nacional. En el caso de la tórtola común, el programa SACRE, obtiene para el periodo (1998-2012) un declive generalizado en toda España con un descenso del 29,27% de las poblaciones a nivel nacional. A pesar de esta situación en la pasada temporada se han abatido  12.134 tórtolas y 2.700 codornices. 

Un ejemplo de la opacidad con la que la Consejería de Medio Ambiente gestiona la actividad cinegética es la sistemática negativa en ofrecer datos a los colectivos ecologistas respecto a los planes cinegéticos de los cotos de la Región y sobre los permisos extraordinarios de control de predadores y descastes de conejos. Existen cotos en el Parque Regional del Sureste a los que la Administración Regional concede permiso para matar zorros –justificado en los daños excesivos que pueden provocar sobre las especies cinegéticas- y seguidamente concede un permiso de descaste de conejos –justificado en la necesidad de controlar el exceso de población-. 

Otro ejemplo de la desregulación de la caza en la Región es la autorización de la caza con arco de la cabra montés en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Desde el mes de mayo se venía autorizando de forma ilegal la muerte a varios ejemplares en Cuerda Larga, sin que estuviera permitido por la orden de vedas, ni por la normativa del Parque. En esta temporada, sorpresivamente y sin que existiera justificación alguna, la Consejería de Borja Sarasola ha autorizado en la orden de vedas la caza con arco de cabras montesas[3]. 

Por otro lado, durante la temporada de caza se imponen los derechos de una minoría cazadora (0,47% de la población) sobre el resto de la población no cazadora. La actividad cinegética que se ejerce sobre el 71,6% del territorio madrileño,  impide o limita el disfrute de la naturaleza del resto de usuarios y supone un riesgo para el ejercicio de actividades al aire libre. En este sentido las organizaciones firmantes llaman la atención sobre el alto riesgo que existe en las esperas nocturnas de jabalí. Se trata de una modalidad que se autoriza cuando se producen daños, generalmente en cultivos, y se realiza desde las últimas horas de la tarde a las primeras de la noche, con muy escasa visibilidad y en ocasiones en zonas muy próximas a áreas pobladas y en los meses de verano. Estas circunstancias incrementan el riesgo de accidentes sobre no cazadores, especialmente en zonas urbanas donde es frecuente que se transite por los aledaños hasta altas horas de la noche. 

Por todo ello, los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo califican de irresponsable a la Dirección General de Medio Ambiente y reclaman una mayor regulación y control y de la caza, así como mayor transparencia de su gestión, acordes con los tiempos actuales y que reconozca el derecho de los no cazadores a disfrutar de un medio ambiente seguro.