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EDITORIAL

Empecinados en destruir El Espartal

 

 Valdemoro,12 de junio de 2013

Para que un proyecto público se ponga en marcha no debería bastar la voluntad de quien decide emprenderlo: habrá que saber antes si está dentro de la ley y si es viable, y esa evaluación s ólo pueden hacerla personas técnicamente capaces que no dependan del favor político. Pero además hace falta el debate abierto en la ciudadanía, porque los intereses legítimos en una democracia pueden ser muy diversos y hasta contradictorios entre sí, y a la hora de examinar los pros y los contras habrá que saber, con un grado máximo de precisión y justicia, cuál ha de ser la opción prioritaria sobre otra casi igualmente aceptable, a qué se renuncia cuando se elige algo en un mundo real de posibilidades limitadas y de decisiones que pueden ser irreversibles”.

Antonio Muñoz Molina[1]

 La Comunidad de Madrid ha hecho público el acuerdo de la Comisión de Urbanismo por el que se aprueba el Plan Especial de Infraestructuras para las obras de construcción de la “Estación Depuradora de Aguas Residuales de Valdemoro” promovida por el Canal de Isabel II. 

Se viene a convalidar así el despliegue ordenado y destructivo previsto de todas las instalaciones, ocupaciones y obras de la nueva depuradora en un espacio tan valioso ecológicamente como sensible a cualquier alteración significativa. De esta forma prosigue, sin apenas sobresaltos, el proceso emprendido hace unos años por las administraciones, que consumará la definitiva e ilegal agresión a la integridad de la Red Natura 2000 y sus hábitats protegidos, despejando con ello el camino hacia la futura especulación inmobiliaria en la finca El Espartal. 

De nada sirvió en su momento la presentación de alternativas de emplazamiento de otra EDAR respetuosa con el medio ambiente, puesto que apenas se ha disimulado que la decisión no estuviera ya tomada de antemano. Destino a la papelera siguieron, igualmente, centenares de alegaciones formuladas por una ciudadanía sensibilizada ante los previsibles y, con seguridad, irreparables daños ambientales que la construcción y la puesta en marcha de esta infraestructura ocasionarán al arroyo de la Cañada. 

Con este último movimiento la Consejería de Medio Ambiente y -mal llamada- “Ordenación del Territorio” conjuga, por tanto, el maltrato del territorio con el habitual desprecio de una ciudadanía participativa y ciertamente constructiva. 

Tal vez sabedores de su consumada habilidad para burlar restricciones legales, los impulsores del proyecto se permiten ignorar la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en mayo de 2012, estimó en parte no precisamente irrelevante el contencioso presentado por Ecologistas en Acción. Dando muestra de un inagotable empecinamiento en culminar la infamia delineada en los “felices” tiempos de la burbuja financiero-inmobiliaria, tanto Comunidad como Ayuntamiento pretenden encarrilar este contratiempo jurídico encomendándose al recurso de casación, en lugar de reconducir una aventura que se ha revelado del todo  irresponsable. 

Además de la innecesaria y evitable destrucción de hábitats protegidos hay razones que hacen  todavía más desacertado insistir en mantener la ubicación y características previstas por el promotor y la propia Comunidad de Madrid. Así, las previsiones del Canal de Isabel II (hoy ya Canal Gestión, S. A. de resultas del último acto de piratería), basadas en las determinaciones del Plan General –afectado por la referida sentencia- llegaban a la conclusión de que para satisfacer la demanda de tratamiento de agua residual a techo de planeamiento era necesaria la construcción de una nueva EDAR con una capacidad de 85.100 m3/día y 353.800 habitantes equivalentes.

La sentencia del TSJM anula desarrollos muy importantes que por fuerza redefinen a la baja las previsiones que “justificaban” el proyecto. La reducción de las expectativas urbanísticas del municipio abriría incluso la posibilidad técnica de estudiar la ampliación de la depuradora de Soto Gutierrez en Ciempozuelos, que trata en la actualidad las aguas residuales de Valdemoro. 

Esta asociación ecologista seguirá batallando cuanto esté en sus manos para evitar que se consume esta auténtica barbaridad. Confiamos en que el tiempo, y la justicia, pongan en el sitio que en verdad corresponde a unos gobernantes cuya rapacidad e incompetencia nos ha conducido hasta esta lamentable y, a buen seguro, insuperable situación.

[1] Antonio Muñoz Molina: Todo lo que era sólido, Seix Barral, Madrid, 2013, p. 118.